La continuidad de los “daños colaterales”

Redada realizada en Ciudad Juárez en 2009 por Agentes de la Policía Municipal y el Ejército Mexicano, buscando vendedores de drogas y armas. Fuente: Eros Hoagland/Redux

Por Luis González Tule*

Desde hace más de dos años en distintos medios se ha venido señalando que la estrategia de militarización no ha reducido el número de muertes ni ha mermado la presencia y actividad de las organizaciones delictivas. Por el contrario, la presencia de las Fuerzas Armadas no ha hecho más que aumentar los abusos de autoridad. De esto da fe el informe Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” en México, elaborado por Human Rights Watch.

La investigación que presenta el informe se llevó a cabo en cinco estados de la república caracterizados por la violencia vinculada al narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. En estos estados se observó que miembros de las fuerzas de seguridad torturan sistemáticamente y realizan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Con respecto a las torturas, se registraron 170 casos, todos ellos con pruebas, cuyas tácticas incluyen asfixias, descargas eléctricas, golpizas, tortura sexual y amenazas de muerte. Desapariciones en las que participaron fuerzas de seguridad fueron 39 casos. Y hubo 24 ejecuciones extrajudiciales de civiles que murieron como resultado de torturas, en retenes militares o en enfrentamientos armados donde se usó injustificadamente de la fuerza. La conclusión del informe es contundente: la política de seguridad pública ha fracasado puesto que 1) no ha reducido la violencia y 2) ha incrementado las violaciones de derechos humanos. Aunque la investigación se centró en cinco estados, habrá que añadir que el problema está presente en todo el territorio nacional como lo ha venido señalando Amnistía Internacional.

El informe de Human Rights Watch me llevó a recordar, inevitablemente, la militarización que sufrió la Costa Grande y la sierra de Atoyac en el estado de Guerrero a principios de los setenta. En aquel entonces el enemigo de México al que había que perseguir era Lucio Cabañas quien, según el general Cuenca Díaz, no era más que un “forajido [y] bandido sin honor” al que había que perseguir y borrar del mapa pues representaba la mayor amenaza del gobierno de Luis Echeverría. Detenciones arbitrarias y secuestros que podían terminar en desapariciones cuyos cuerpos eran depositados en el mar o enterrados vivos, torturas y asesinatos de niños, mujeres y ancianos que supuestamente colaboraban con Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres fueron algunas de las barbaridades cometidas por el Ejército Mexicano que de manera rigurosa documentó Carlos Montemayor en su obra Guerra en el Paraíso. Y la cita a ésta resulta por demás elocuente: la historia reciente de nuestro país nos muestra que los crímenes cometidos por las autoridades –encargadas de mantener el orden- se repiten una y otra vez sin que los responsables sean llevados a juicio y condenados.

La propuesta de académicos e intelectuales mexicanos así como la recomendación de la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en realizar juicios civiles a los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos. No cabe duda que lograr llevar a un tribunal civil a un miembro de las fuerzas armadas que mandó asesinar o torturar sería un gran logro, sin embargo, esto no garantizaría la justicia plena en un sistema como el mexicano que carece de independencia, donde los jueces son cómplices y el Ministerio Público se reúsa a investigar esos crímenes.

Dado el respaldo y la confianza del presidente Calderón a las Fuerzas Armadas, el objetivo de realizar los cambios institucionales necesarios para implementar los juicios civiles está lejos de ser alcanzado. Resta manifestarse y denunciar ante los organismos internacionales lo que está sucediendo y pedir, tanto a los militares como a los estrategas del combate a la delincuencia organizada, un mínimo de razón, conciencia y respeto a la vida para un México en pena que carece de rumbo y sufre momentos trágicos de desolación.

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*Es candidato a Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca. Máster en Estudios Latinoamericanos,  con mención en Ciencia Política, por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Cuenta con una Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional (UNINTER). Como investigador ha escrito un libro sobre la descolonización del Sahara Occidental y ha publicado diversos artículos científicos y ensayos en revistas arbitradas relacionados con los partidos políticos y el Poder Legislativo y Judicial en México. Ha sido articulista de medios locales en el estado de Morelos. Actualmente se encuentra becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para concluir estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca.

Contacto: luisgonzalez@usal.es Blog: http://luisgonzaleztule.wordpress.com