Análisis, Uncategorized — Lunes, 7 de junio del 2010 4:19 am

De Colombia a México: Aprendiendo de la Experiencia

Escrito por

Fuente: Infolatam

Por Luis Alberto Reyes*

“La guerra no inaugura nada en la historia: reitera el pasado con actores diversos”

- Carlos Castillo Peraza.

Hace ya tres años y medio que Felipe Calderón anunció su cruzada contra la delincuencia organizada, con acento especial en el narcotráfico. Como en toda sociedad con mediana cultura ciudadana y escaso entendimiento sobre lo que acontece a su alrededor la variedad de opiniones al respecto de esta lucha ha provocado más confusión y repudio que un análisis sobrio –por lo menos. Hay que partir del argumento principal de que la lucha contra el narcotráfico es necesaria e impostergable, y diferir con aquéllos que consideran que el uso de la fuerza no es deseable.

Dicho lo anterior se debe aclarar que el punto de debate en esta ocasión no reside en la necesidad de lanzar al ejército a las calles. El objetivo es hacer una crítica a la miopía de las autoridades por pretender, en la práctica, inventar el hilo negro de la estrategia antinarco, pese a que existen experiencias previas en otras latitudes, en condiciones similares o más adversas que las nuestras.

En Enero de 2008, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia, Eduardo Pizarro, sostuvo una reunión con el entonces Procurador General de México, Eduardo Medina Mora. En aquélla ocasión, Medina le hizo un comentario a Pizarro bastante ilustrador de lo que pasa actualmente en nuestro país: “Colombia está saliendo y México está entrando”.

Aunque guardando las debidas proporciones, difícilmente se puede negar que nos encontremos ante un escenario de colombianización del país, fenómeno que se caracteriza por una violencia desastrosa y un debilitamiento institucional en lugares donde el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, es posible todavía prevenir la profundización de estos males frente a un proceso en el cual se ha ido mermando el poder de los cárteles colombianos  a favor del fortalecimiento de los mexicanos.

Ante la necesidad de algunos cuantos para buscar evidencia empírica en otros países y saber cómo luchar más eficazmente contra el crimen, es pertinente ofrecer ahora lecciones que nos ayudarían a ir aprendiendo del ejemplo colombiano.  En primer lugar destaca la necesidad de recuperar los lugares en los que la ley del crimen sustituyó a la del Estado. Al respecto, Rodrigo Lara Restrepo, quien fuera el Fiscal Anticorrupción en Colombia en 2008, comentó en alguna ocasión que tan sólo hace algunos años 200 municipios de su país carecían de fuerza pública. En México, de los 2441 municipios, el 17% –algo así como 414 del total- no cuenta con cuerpos policiacos para resguardo del orden público, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Por otro lado, es fundamental golpear las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Gran parte del lavado de dinero que antes se hacía en Colombia ahora se realiza en otros países de la región, incluido el nuestro. Al respecto, es necesaria una agresiva estrategia de inteligencia que ubique y sancione a los actores que se presten a esta actividad ilícita. Claro que lo anterior pasa indispensablemente por reformas a la legislación pertinente para establecer candados e imponer medidas más estrictas que prevengan a las instituciones financieras y bancarias de captar recursos de dudoso origen.

Pero también es importante realizar labores de inteligencia al interior de las propias instituciones, con lo cual será posible revelar actos de corrupción e irlas depurando de malos elementos en sus filas. En este sentido no tendría porque ser visto con malos ojos que salgan a la luz escándalos de corrupción pues son señales positivas de que se está avanzando en el combate a este vicio.

Ya entrando a la parte logística que incluye los recursos financieros y materiales destinados al lucha contra el narco llama la atención que, a poco más de diez años de haber entrado en vigor el “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado” –mejor conocido como el Plan Colombia-, y tras siete mil millones de dólares que Washington ha invertido, la producción de droga no se ha reducido  e incluso ha aumentado la productividad. En la región de Santa Marta, en la Sierra Nevada al norte de dicho país, las innovaciones tecnológicas, así como los enormes recursos con los que cuentan las organizaciones criminales han hecho posible sembrar y producir más droga en menos hectáreas. Asimismo, el flujo de drogas hacia Estados Unidos –pasando por México- tampoco ha disminuido.

De lo anterior se desprende un razonamiento de sentido común, según el cual no basta con hacerle frente al narcotráfico mediante las armas ni a través de la quema de cultivos ilícitos. El desarrollo económico es un componente fundamental  que también forma parte del Plan Colombia, aunque en una segunda fase. Para las regiones en las que los cárteles satisficieron las necesidades básicas de su población, ya que el Estado no fue capaz de hacerlo, sería positivo un cambio representado por la recuperación de lealtades hacia el Estado y ya no a los cárteles.

En relación a la llamada base social que supone la retención de lealtades con que cuentan los grupos delictivos, vale la pena hacer mención del programa “Erradicación voluntaria de cultivos ilícitos”, instrumentado en Colombia para transformar los cultivos. La idea es erradicar la coca sembrando en su lugar otras plantas legales destinadas a la alimentación. En México ya existen mecanismos similares, como los de tipo ecoturístico en zonas boscosas, en las cuales los agricultores se abstienen de talar árboles y el gobierno federal les paga para que “cuiden los bosques” por los servicios ambientales y turísticos que estos prestan.

Lograr que los campesinos pasen de la siembra de coca o amapola a otro tipo de producción legal, o bien, un modelo productivo como el ecoturismo y autoconsumo, no sólo arroja beneficios en la lucha contra el narcotráfico, sino que también le resta base social a los cárteles. Además, se favorece una transformación psicológica virtuosa, en la que las personas se sienten más satisfechas, orgullosas y convencidas de que están haciendo lo correcto.

Como mencionaba el líder de una cooperativa de guardabosques en una finca cercana a Santa Marta en Colombia, “Antes no confiábamos en nadie, hoy queremos seguir con esto y nunca más bajar la cara”.  Cabe recordar que un componente de mucho peso en la descomposición social –caldo de cultivo para la delincuencia- es el conjunto de vicios originados a partir ideas y creencias equivocadas, o que confunden a los individuos; de este modo son empujados a incursionar en actividades ilícitas.

Otra experiencia que bien vale la pena mencionar es la relativa a la tolerancia a la corrupción en las fuerzas castrenses. Toda institución es corruptible, incluso el ejército. El año pasado una encuesta de conocida empresa del ramo mostraba al ejército como la institución que más confianza inspiraba a los mexicanos. En enero de este año cayó dos lugares para situarse en la tercera posición, en gran parte debido a errores de cálculo y excesos contra la población civil.

La experiencia nos enseña que, tras siete años de la implementación del Plan Colombia, los nexos entre el narcotráfico y las fuerzas militares aumentaron. No hay que olvidar el caso del General de División, Jesús Gutiérrez Rebollo, cuando era comisionado del hoy extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).  Se le detuvo en 1997 por sus vínculos con Amado Carrillo Fuentes, quien fuera fundador del Cártel de Juárez. Además, los militares están preparados para la batalla en campo abierto, no en ciudades abarrotadas de población civil. De ahí la necesidad de contar con una policía eficiente, coordinada y bien dotada.

Alguien comentó en los medios de comunicación que en Estados Unidos existen alrededor de 2 mil cuerpos policiacos y en México mil 600, por lo cual no debería ser tan complicado lograr una coordinación entre todas. Sin embargo, la comparación es por demás simplista, ya que no se toman en cuenta factores como el nivel de madurez institucional, o los defectos que, incluso en un país desarrollado como Estados Unidos, aquejan a sus policías. De hecho, precisamente porque las organizaciones policiacas de nuestro vecino del norte padecen defectos, es que aún persisten problemas de coordinación entre agencias federales como el FBI, la CIA y la DEA; así como entre éstas y policías locales.

Lo cierto es que la evidencia obtenida de la experiencia colombiana apunta a la necesidad de contar con una policía única, lo cual también facilitaría la depuración de elementos corruptos. Esta transformación pasa, a su vez, por importantes reformas de fondo en el poder legislativo y parte de estas reformas o adecuaciones deben poner el foco en el origen mismo del problema: los filtros de reclutamiento de nuevos policías. No es posible que los uniformados no cuenten con la educación necesaria para poder interactuar y decidir adecuadamente pues, a diferencia del ejército o la marina, las policías locales y federales deben tener la preparación suficiente para saber actuar y decidir en ambientes urbanos.  No sólo eso, sino que un mayor nivel educativo también propicia actitudes más responsables y reticentes a la corrupción.

Actualmente, el 68.3% sólo cuenta con estudios de educación básica y apenas el 4.5% con educación superior. La compensación económica por sus servicios prestados tendría que ser superior a la actual, sobre todo considerando que tres de cada cinco policías reciben 4 mil pesos como máximo de salario mensual. En el largo plazo sería menos costoso aumentar sus salarios que apostarle a la compra de armamento y helicópteros. De paso, este hecho funge como argumento a favor de aumentar la recaudación fiscal.

Como última recomendación que podría ser retomada a partir del caso colombiano –tal vez una de las más importantes en el listado- es la imperiosa urgencia de vigilar que las autoridades mexicanas no cedan la soberanía de nuestras fuerzas armadas ni de la policía a otro país. La experiencia del país sudamericano muestra que la coordinación como Mando Único entre militares estadounidenses y colombianos es liderada por los primeros, por lo cual controlan, de facto, a los cuerpos policiales y castrenses de Colombia. Esta pérdida voluntaria de soberanía evitaría que, por la vía jurídica, se juzguen crímenes de lesa humanidad o que se presenten denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos por las fuerzas extranjeras, en este caso de Estados Unidos.

Retomando lo que dijo Medina Mora en 2008, ciertamente “… México (apenas) está entrando” y va para largo. No basta con cortar cartucho y enfrentar a los cárteles con las armas. Tampoco es suficiente con invertir en desarrollo económico en aquéllas regiones olvidadas por el Estado y cooptadas por el narco. Es indispensable buscar una coordinación interamericana para combatir como frente internacional a la delincuencia organizada, la cual también incluye otros vicios como el tráfico de personas, pornografía infantil, piratería y tráfico de armas entre las más importantes. No hay que perder de vista las rutas que el narcotráfico sigue actualmente, como la de Colombia-México-Centroamérica-Estados Unidos; o la de Colombia-Venezuela-Brasil-África-Europa.

Dichas rutas, en general, seguirán siendo las mismas, pero la intensidad con que se concentren las organizaciones criminales en cada uno de esos países dependerá del grado de fortalecimiento o debilitamiento frente a grupos en otras fronteras y de los hábitos de consumo de sus habitantes. Lo más importante es que dichos comportamientos girarán en torno a las acciones que emprendan los Estados nacionales para combatir y prevenir la existencia del narcotráfico.

*Consejero Editorial de Deliberación.

1 Comentario

  • Tres cosas resaltaría de lo que menciona el articulista:

    1.- Aumento a salarios de los cuerpos policiacos.

    2.- Elementos con mayor grado educativo.

    3.- Reconversión productiva en el área rural.

    Respecto al primer punto, es muy cierto, los sueldos de los policías son muy bajos, con la agravante de que no cuentan con las prestaciones con que cuentá el común del trabajador mexicano (IMSS, INFONAVIT), y peor aún, no son sujetos a crédito. Su sitiación económica es prácticamente asfixiante. Por lo tanto, ser policía y tener familia es realmente un acto o heróico o tonto, y no sólo porque no se tendrá una situación económica desahogada, sino porque además un policía con familia es altamente chantajeable: “o me haces este favor o…ya sé donde vive tu familia”. Claro, por buen sueldo que tenga un policía, eso no garantiza que no sea chantajeable, ahí es donde el Estado debe aparecer como protector de las familias de los policías, esto generaría un círculo virtuoso de lealtad: “Tú nos proteges, yo te protejo”.

    En cuanto al segundo punto, es muy importante que los cuerpos policiacos cuenten con mayor grado de escolaridad, ya que, a menor grado se es menos reflexivo sobre la responsabilidad socual, y aún así, en algunos casos la educación media no fomenta esos valores (educación técnica). Los policías deberían todos tener como mínimo la preparatoria, y ésta debe estar enriquecida con materias como Ética y Artes, que fomentan sensibilidad y responsabilidad social. Ahora bien, tampoco creo que sea recomendable educación superior en todos los elementos, porque todos tendrán expectativas superiores sobre su futuro profesional, y como, por aritmética pura, no a todos se les podrá conceder, a la larga sobrevendrán frustraciones masivas, que pueden desembocar en la inclinación a cooperar con el crimen organizado.

    Y en relación al tercer punto, creo que es de gran importancia atenderlo. Si bien los resultados suelen tardarse un poco, a la larga resulta ser mejor. Una estrategia que combine bien la Reconversión Productiva con el Ecoturismo y Turismo Rural, sería una propuesta en la que ganaríamos todos, los que se dedicarían a ello, el gobierno, y la sociedad en general. Los prestadores del sercvicio tendrían un sueldo digno al dedicarse a una actividad legal; los clientes del servicio, además de recrearse sanamente, se formarían una conciencia ecológica que tanta falta hace en la sociedad; y el gobierno resuelve varios problemas a la vez: ataca a la producción de enervantes, brinda empleos a los lugareños y concientiza a la sociedad en temas ambientales, que incluso pueden extenderse al campo de lo cultural.

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